La Constitución mexicana reconoce el derecho de toda persona de buscar y recibir asilo en el segundo párrafo de su artículo 11, disposición sustancialmente idéntica al párrafo 7 del artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, dos instrumentos norman en lo general la condición de la persona refugiada: la Convención de Ginebra de 1951 y, en el caso americano, la Declaración de Cartagena de 1984.
El refugiado, sin entrar en precisiones técnicas, es una persona que sufre persecución, que tiene temor fundado de sufrir violaciones graves en sus derechos humanos, y que por esta razón huye de su país o no puede volver a él. Muchas personas piensan todavía que México es un país de tránsito para los migrantes y las cosas no necesariamente son así.
Nuestro país se vuelve también lugar de destino de refugiados a partir de dos realidades. En primer lugar, la violencia en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, compuesto por El Salvador, Guatemala y Honduras (a partir de 2018, se incorporan también los solicitantes nicaragüenses). Y en segundo, la situación de violación reiterada de los derechos humanos que ocurre en Venezuela, país que configura en todos sus extremos un régimen dictatorial.
El Estado mexicano tiene, en consecuencia, la obligación de adaptarse a estas exigencias, pues el cumplimiento del derecho humano no se limita a una posición de libertad negativa, es decir, simplemente de no intervenir, sino que demanda el tomar medidas efectivas que vuelvan tangible la protección.
Las personas que solicitan refugio, como muchos inmigrantes en situación irregular, no suelen ser bien vistos por los nacionales de los países de acogida, la mayor parte de las veces por estereotipos que nada tienen que ver con la realidad. Como ya mencionamos, las personas refugiadas no son personas que quieran emigrar, son personas que tienen que hacerlo, pues la vida les va en ello.
En este trance, cabe resaltar, dejan todo atrás: su familia, sus amigos, sus bienes y el lugar que llaman hogar. Sufren, entre otras cosas, discriminación, graves problemas económicos, precariedad administrativa, problemas con un nuevo idioma, y retos psicológicos como el duelo migratorio y el síndrome de Ulises. En casos muy graves. también son víctimas de trata, trabajos forzosos, explotación sexual y pérdida de su libertad.
En primer lugar, dar acogida a una persona en la situación descrita no debe ser vista como una “concesión generosa” de un país, sino como el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales y humanitarias. Lo más importante, sin embargo, es reconocer todo lo bueno que las personas refugiadas aportan a una sociedad.
La extendida creencia de que los trabajadores migrantes quitan el trabajo a los nacionales es falsa. Las personas migrantes, debido a la limitación de incorporarse al trabajo formal, suelen ser emprendedoras; es decir, antes de quitar empleos suelen crearlos. Pagan impuestos, por lo menos los que gravan el consumo, y casi nunca hacen uso, por su propia situación de irregularidad, de las prestaciones sociales.
Asimismo, cuentan con una gran resiliencia, pues se sobreponen a un sinfín de peligros y vicisitudes con el único propósito de alcanzar una mínima sensación de seguridad. Aportan, por si fuera poco, un rico intercambio cultural, conocimientos que los nacionales quizá no tenemos, y sobre todo una perspectiva de la vida muy diferente y enriquecedora.
En materia migratoria es normal sufrir un proceso de enajenación, que nos impide apreciar, hasta donde nuestras capacidades lo permiten, la realidad tal y como es. Los medios nos han hecho percibir la migración como una agresión. Más aún, nos han hecho ver la migración como una irregularidad que debe ser erradicada. La realidad es diferente: las fronteras son la verdadera irregularidad, pues la historia de la humanidad está marcada por las migraciones.
El 20 de junio es el Día Internacional del Refugiado. Su lucha y fortaleza es la de todos nosotros, pues en ello radica, al menos en parte, la construcción de un mundo mejor.
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