La justicia es una virtud ligada a la ética que descansa en el derecho; empero, al mismo tiempo, el derecho esta permeado de un contenido moral, lo que permite vincular a la justicia con la moral. Esta reflexión resulta importante porque, si se acepta que la justicia social es una de las clases en que se divide la justicia, junto con la justicia distributiva, la justicia conmutativa y la justicia legal, entonces se puede afirmar que la moral también está presente en las categorías de la justicia.
Pero, ¿Que es la justicia social? Y sobre todo ¿Cuáles son los retos que se enfrentan para lograr esa justicia social? La Justicia social es entendida, de acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano (1984), como aquella que: “tiene como objeto la repartición equitativa de la riqueza…”, entre dos clases sociales: quienes son poseedores la riqueza y quienes solo cuentan con su trabajo. Así, la justicia social tiene como criterio repartir la riqueza superando los antagonismos de los sujetos.
Hasta aquí, es menester indicar que en el marco de los derechos humanos la justicia social se convierte en una pieza coadyuvante para alcanzar una vida digna; esto si se le piensa como un elemento promotor de los derechos y obligaciones de las personas, quienes a su vez forman parte de un colectivo social organizado de manera justa, equitativa, e igualitaria.
En este escenario, la justicia social toma relevancia para los organismos internacionales encargados de proteger los derechos humanos, como la Asamblea General de las Naciones Unidas, que, en su sexagésimo tercer período de sesiones, llevado a cabo el 26 de noviembre de 2007, decidió proclamar el 20 de febrero de cada año como “Día Mundial de la Justicia Social”.
Sin embargo, la tan anhelada justicia social, que busca afrontar las desigualdades y la discriminación, enfrenta retos tangibles que han impedido materializar ese reparto equitativo de bienes que aseguren la dignidad humana de cada persona, al tiempo de lograr la propia cohesión social.
Los desafíos de los cuales se habla están directamente correlacionados con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, establecidos por la Organización de las Naciones Unidas al considerar tres dimensiones: social, económica y ambiental, y estar dirigido a todos los Estados. Es el caso de: hambre cero; fin de la pobreza; agua limpia y saneamiento; trabajo decente y crecimiento económico; acción por el clima; educación de calidad, y salud y bienestar, entre otros.
Sin duda, debido a la envergadura de los retos de la justicia social, estos deben ser abordados desde la acción de tres sujetos clave: el gobierno con la construcción de leyes y políticas que combatan, al grado de erradicar, las prácticas discriminatorias; al tiempo de promover entornos igualitarios. Ello no quiere decir que el gobierno tenga que llegar a una forma de asistencialismo; pero, sí cumplir con la obligación de proveer los recursos mínimos que permitan realizar un plan de vida digna.
Los dos restantes actores son los ciudadanos considerados en su individualidad, y la comunidad valorando la acción colectiva; de esta manera las actividades enmarcadas en la realización de valores y principios consagrados en los textos jurídicos, como la constitución, permitirá el desarrollo de una comunidad más civilizada sobre la base del reconocimiento mutuo de la dignidad común que logre la justicia social.
Finalmente, la materialización de la justicia social requiere indefectiblemente acciones conjuntas, pensadas a partir de las diferencias existentes entre los diferentes grupos de personas, que potencialicen estrategias integradoras y reparadoras de las desigualdades e injusticias, al tiempo de reforzar los lazos de hermandad entre los individuos.